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Queda ahora evitar que los presos políticos colombianos que hoy día permanecen en las mazmorras del régimen, pasen a engrosar esos números!!
Monday 30 may 2011

Colombia ha puesto nombre y apellidos a casi 10.000 cuerpos que habían sido sepultados sin identificar desde hace décadas.

Después de cinco meses de trabajo, el ministro de Interior y Justicia colombiano, Germán Vargas Lleras, dio a conocer este viernes la identidad de 9.969 cadáveres enterrados en fosas comunes y cementerios de diferentes puntos del país sin que nadie los hubiese reclamado.  “NN” (siglas con las que son enterrados los cuerpos de identidad desconocida) por identificar, subrayó Vargas Lleras, de los que se estima que un tercio pertenece a menores de edad.

Según el registro oficial, en Colombia hay 57.414 personas desaparecidas. De ellas, 15.600 han sido consideradas como desapariciones forzadas, cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que han colaborado. Entre ellas hay 3.000 mujeres y otros 3.000 menores de 20 años en el momento de su desaparición.

Según el registro, en Colombia hay 57.414 personas en paradero desconocido

El avance en la identificación de desaparecidos es fruto de una iniciativa del senador Iván Cepeda del Polo Democrático. En declaraciones a Público, Cepeda destacó el largo camino que queda por delante: “De los “NN” cuya identificación acaba de entregarse, al menos 437 son víctimas de agentes estatales. Estamos ampliando la indagación a cementerios de las regiones de Meta y Guaviare, entre ellos del de la Macarena, donde la Fiscalía tiene localizados a 1.800 enterrados como “NN”, todos ellos entregados por la autoridad militar a los forenses y entre los que ya hemos identificado a algo más de 200 presuntos “falsos positivos” (jóvenes y campesinos a los que tras asesinarles se les vestía de uniforme para presentarlos como miembros de la guerrilla).

Víctimas de bombardeos

El senador del Polo Democrático ha pedido al Gobierno que entregue las “órdenes de batalla” en las que el Ejército registra sus operaciones. El objetivo es contrastar esas bitácoras con los testimonios de habitantes de las zonas donde los militares combatieron a la guerrilla de las FARC dentro del Plan Colombia. Según Cepeda, “uno de los casos más graves es el de la localidad de Granada, en cuyo cementerio han sido localizados 66 personas enterradas en dos fosas, con un número importante de menores, cuyas casas pudieron ser bombardeadas”.

La ONU cree que decenas de muertes fueron ejecuciones extrajudiciales

Para el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, “la desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante, es uno de los países del mundo con más desaparecidos”.

No hay condenas significativas en aplicación de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, que juzga a paramilitares desmovilizados ya que sus máximos jefes han sido extraditados a Estados Unidos para que respondan por delitos de narcotráfico y, según muchos analistas, para que no desvelen las tramas negras que implicarían a amplios sectores de la sociedad colombiana. Aún así, hasta el momento se han confesado 4.420 casos de desaparición forzada por agentes del paramilitarismo, que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Durante las últimas semanas han visitado Colombia representantes de Naciones Unidas, como el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Philip Alston, que se interesó especialmente por los falsos positivos, cuyo número supera los 2.000, según fuentes judiciales. La mayoría de los falsos positivos han sido identificados, pero aún se desconoce la identidad de centenares de personas “muertas en combate” que, según la ONU, podrían ser casos de “ejecuciones extrajudiciales” que deben pasar a la justicia ordinaria.

 

Tomado de

 

 

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Queda ahora evitar que los presos políticos colombianos que hoy día permanecen en las mazmorras del régimen, pasen a engrosar esos números!!
Monday 30 may 2011

Colombia ha puesto nombre y apellidos a casi 10.000 cuerpos que habían sido sepultados sin identificar desde hace décadas.

Después de cinco meses de trabajo, el ministro de Interior y Justicia colombiano, Germán Vargas Lleras, dio a conocer este viernes la identidad de 9.969 cadáveres enterrados en fosas comunes y cementerios de diferentes puntos del país sin que nadie los hubiese reclamado.  “NN” (siglas con las que son enterrados los cuerpos de identidad desconocida) por identificar, subrayó Vargas Lleras, de los que se estima que un tercio pertenece a menores de edad.

Según el registro oficial, en Colombia hay 57.414 personas desaparecidas. De ellas, 15.600 han sido consideradas como desapariciones forzadas, cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que han colaborado. Entre ellas hay 3.000 mujeres y otros 3.000 menores de 20 años en el momento de su desaparición.

Según el registro, en Colombia hay 57.414 personas en paradero desconocido

El avance en la identificación de desaparecidos es fruto de una iniciativa del senador Iván Cepeda del Polo Democrático. En declaraciones a Público, Cepeda destacó el largo camino que queda por delante: “De los “NN” cuya identificación acaba de entregarse, al menos 437 son víctimas de agentes estatales. Estamos ampliando la indagación a cementerios de las regiones de Meta y Guaviare, entre ellos del de la Macarena, donde la Fiscalía tiene localizados a 1.800 enterrados como “NN”, todos ellos entregados por la autoridad militar a los forenses y entre los que ya hemos identificado a algo más de 200 presuntos “falsos positivos” (jóvenes y campesinos a los que tras asesinarles se les vestía de uniforme para presentarlos como miembros de la guerrilla).

Víctimas de bombardeos

El senador del Polo Democrático ha pedido al Gobierno que entregue las “órdenes de batalla” en las que el Ejército registra sus operaciones. El objetivo es contrastar esas bitácoras con los testimonios de habitantes de las zonas donde los militares combatieron a la guerrilla de las FARC dentro del Plan Colombia. Según Cepeda, “uno de los casos más graves es el de la localidad de Granada, en cuyo cementerio han sido localizados 66 personas enterradas en dos fosas, con un número importante de menores, cuyas casas pudieron ser bombardeadas”.

La ONU cree que decenas de muertes fueron ejecuciones extrajudiciales

Para el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, “la desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante, es uno de los países del mundo con más desaparecidos”.

No hay condenas significativas en aplicación de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, que juzga a paramilitares desmovilizados ya que sus máximos jefes han sido extraditados a Estados Unidos para que respondan por delitos de narcotráfico y, según muchos analistas, para que no desvelen las tramas negras que implicarían a amplios sectores de la sociedad colombiana. Aún así, hasta el momento se han confesado 4.420 casos de desaparición forzada por agentes del paramilitarismo, que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Durante las últimas semanas han visitado Colombia representantes de Naciones Unidas, como el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Philip Alston, que se interesó especialmente por los falsos positivos, cuyo número supera los 2.000, según fuentes judiciales. La mayoría de los falsos positivos han sido identificados, pero aún se desconoce la identidad de centenares de personas “muertas en combate” que, según la ONU, podrían ser casos de “ejecuciones extrajudiciales” que deben pasar a la justicia ordinaria.

 

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Por AVN / Patria Grande, Crédito: TeleSUR

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23 agosto 2010 – Los Comités Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de la Audiencia Pública y la Marcha Patriótica denuncian el asesinato de la activista de los derechos humanos, Norma Irene Pérez, quien conformó la delegación que auditó la fosa común más grande de América Latina ubicada en localidad cercana a fuerte militar de La Macarena.

Igualmente el comité seccional de derechos humanos del Alto Guayabero, denunció ante la comunidad internacional el asesinato de la dirigente comunal, quien desapareció el pasado 07 de agosto.

En extrañas circunstancias fue hallado el cadáver de la dirigente quien conformaba el comité de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio en el municipio de La Macarena, reseñó el sitio Web comitepermanente.org

Pérez era la presidenta del Comité veredal de derechos humanos de La Unión y a su vez hacia parte de la junta de Acción Comunal con el Comité de Conciliación y miembro del comité regional de derechos humanos de la región del guayabero del departamento del Meta, donde se instalaría la superbase militar de EEUU en el país andino.

También participó en el comité organizador de la marcha patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010 y de la audiencia pública.

El portal publicó “la presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora Norma Irene Perez identificada con c.c 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la junta de acción comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda la unión, del municipio de La Macarena del departamento del Meta”.

Advierte el comité que la zona antes y después del macabro hallazgo ya se encontraba fuertemente militarizada por tropas del ejército nacional, especialmente en los municipios de la Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán.

“La comunidad a firma que el ejército se encuentra en la vereda el oasis, sitio cercano en donde ocurrieron los hechos”, resaltó el texto.

El ex presidente Álvaro Uribe el pasado 25 de julio mencionó desde La Macarena que: “el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”.

Según el portal esta declaración del mandatario “puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias”.

En tal sentido las organizaciones que respaldaron la audiencia expusieron su rechazo a dichas declaraciones del Jefe de Estado y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena pues alegan que ponen en peligro la vida de los organizadores.

“Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia”, reseñó el portal.

“En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia”.

Norma Pérez era campesina, agricultora, defensora de derechos humanos y madre de cuatro (4) menores, entre ellos una niña de 14 años de edad, un niño de nueve (9) años de edad, una niña de seis (6) años de edad y una niña de cuatro (4) años de edad.

Tomado de
http://blasapisguncuevas.blogcindario.com/2010/08/06151-asesinaron-en-colombia-a-delegada-de-ddhh-que-audit-oacute-la-fosa-com-uacute-n-de-la-macarena.html
http://www.ciudadccs.org.ve/?p=98301#more-98301


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