Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 18/03/08

Matar es pecado y delito, excepto en Colombia cuando se trate de guerrilleros. Allí, en un clima de “seguridad democrática”, se puede traicionar al amigo y al compañero de armas, incluso profanar su cadáver para verificar las huellas dactilares. Eso fue lo ocurrido con Pedro Pablo Montoya, quien traicionó y asesinó a su jefe Iván Ríos, para cobrar la recompensa ofrecida por el gobierno colombiano.

Tan pronto Montoya cruzó el Jordán de la traición y entregó al ejército colombiano el brazo derecho amputado del hombre y el compañero a quien debía proteger, al gobierno y a las autoridades judiciales colombianas dejaron de interesarles cuánto tiempo estuvo Montoya con las FARC, en qué operaciones participó y el ex guerrillero, que hasta la víspera era tenido por criminal y terrorista, fue exonerado y premiado con una jugosa recompensa.

La mutación regresiva de Uribe no puede ser más escandalosa. En lugar de contener a los paramilitares o eliminar los escuadrones de la muerte como le reclama incluso el Congreso norteamericano, desciende a su nivel. Ninguna seguridad y ninguna democracia construida sobre esas bases es moral ni legítima y cualquier victoria así obtenida en lugar de merito es baldón.

Es repugnante el modo como algunos gobiernos, supuestamente rectores de países donde impera el Estado de Derecho, violan no sólo sus propias leyes sino los principios en que se asientan las doctrinas jurídicas de la modernidad y de las que occidente se enorgullece.

En los estados modernos, todos los ciudadanos, sin importar qué delitos hayan cometidos, disfrutan de la protección de las leyes, se presumen inocentes hasta tanto un tribunal competente, sobre la base de leyes adoptadas con anterioridad, los declare culpables y tienen derecho a ser juzgados con imparcialidad y asistidos en su defensa por abogados calificados. Garantizar tales prerrogativas es el principal cometido de las autoridades y cosa sagrada para el Poder judicial.

El hecho de que un fiscal, conscientemente se abstenga de acusar a un asesino confeso, constituye un delito de prevaricación y una falta ética de proporciones inéditas.

Al legitimar conductas criminales y convertirlas en fundamentos de la llamada “seguridad democrática”, el gobierno oligárquico de Álvaro Uribe adopta una doctrina de seguridad nacional que ya era bárbara en los tiempos de Nerón.

Es cierto que el actual presidente Colombiano no había nacido y que el jefe de las FARC, Manuel Marulanda contaba con 18 años cuando, en 1948, con la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, se desencadenó la lucha armada que en los últimos cincuenta años han desangrado a Colombia. Desde entonces, todas las tentativas de paz, los diálogos y las treguas, las mediaciones y los altos al fuego, las ofensivas y los repliegues, han fracasado y los efímeros instantes de esperanza han servido para que los adversarios recobren las fuerzas y reinicien la lucha con más violencia y más muertes.

Precisamente por eso los esfuerzos encabezados por el presidente venezolano Hugo Chávez y que condujeron a cierto aflojamiento de las tensiones, al lograr que las FARC iniciaran unilateralmente la liberación de los civiles en su poder, se constituyó en la más prometedora alternativa de paz y debió ser apoyada sin reservas por todas las fuerzas políticas realmente interesadas en el porvenir de la Nación, incluyendo naturalmente al gobierno, la oposición y las guerrillas. El acierto de Chávez se debió a su empeñó en buscar la paz con la paz, no con las armas como pretenden los  contendientes.

Como ha sido fehacientemente demostrado a lo largo de la historia y confirman hechos recientes, la búsqueda de la paz por medio de la guerra es un camino errado, tratar de calmar la violencia con más violencia, un esfuerzo inútil y con costos humanitarios inaceptables. Acatar la regla de “ojo por ojo y “diente por diente” conduce a una sociedad de ciegos y desdentados y no a una comunidad de ciudadanos libres.

La política sin principios, la falta de ética de los que gobiernan y el relativismo moral conducen a las violaciones de la legalidad, prohíja las cárceles secretas, legaliza las torturas y las ejecuciones sumarias y extra judiciales y en su grado de degeneración más alto, al otorgamiento de licencias para matar.

Anuncios

Read Full Post »

Acerca de la incursión del ejército colombiano en territorio de Ecuador para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, parece estar todo dicho; más aún si aparece como un caso cerrado, exitosamente cerrado. Pero la verdad es que no es así. Lo que se revela sobre la situación es tan importante como lo que se oculta.

Primer ocultamiento: los procesos políticos en América Latina cuestionan el control continental que Estados Unidos necesita para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de la región. Se trata de una amenaza a la seguridad nacional estadunidense que ante el fracaso inminente de las respuestas “consensuadas” (libre comercio y concesiones para las bases militares) busca tener una respuesta firme y unilateral. Es decir, la guerra global contra el terrorismo llega al continente –llegó con el Plan Colombia, pero con la incursión en Medio Oriente provocó algún atraso– y asume aquí las mismas características que ha adquirido en otros continentes: utilizar un aliado privilegiado (sea éste Colombia, Israel o Pakistán) a quien a lo largo del tiempo es provisto con la ayuda miliar e información de espionaje sofisticado que lo pone al abrigo de represalias y le permite acciones dramáticas de bajo costo y éxito certero; se incita al aliado al aislacionismo regional como precio a pagar por la alianza hegemónica.

La guerra contra el terrorismo incluye acciones muy visibles y otras secretas. Entre las últimas están los actos de espionaje y de desestabilización; Bolivia, Venezuela, la triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) son los blancos privilegiados. En Bolivia, becarios estadunidenses de la Fundación Fullbright son llamados por la embajada de Estados Unidos para dar información sobre la presencia de cubanos y venezolanos y movimientos indígenas sospechados; mientras, los separatistas extremistas de Santa Cruz son entrenados en la selva colombiana por los paramilitares. Nuevos hechos: en las acciones de desestabilización pueden participar empresas militares y de seguridad privada, contratadas por Estados Unidos bajo el paraguas del Plan Colombia que, además, las dota de inmunidad diplomática y por lo tanto impunidad ante la justicia nacional.

Segundo ocultamiento: la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. De hecho, la permanencia de las FARC es fundamental para mantener la justificación de la guerra contra el terrorismo y generar un clima de miedo y una lógica bélica que bloquea el ascenso de las fuerzas progresistas, denominadas Polo Democrático de Colombia.

Por la misma razón, la intervención humanitaria a favor de los rehenes tuvo que ser desmantelada para que no obtuviera rédito político Hugo Chávez. Las fuerzas políticas progresistas amenazan la dominación territorial de Estados Unidos a través de medidas que buscan fortalecer la soberanía de los países sobre los recursos naturales y alterar las reglas de la distribución de los beneficios de su explotación.

Pero la mayor amenaza proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde están esos recursos, o sea, de los pueblos indígenas. En relación con esto es elocuente el informe Tendencias globales-2020, producido por el Consejo Nacional de Información de Estados Unidos, sobre los escenarios de amenaza a la seguridad nacional del país.

En el documento se afirma que las reivindicaciones territoriales de los movimientos indígenas “representan un riesgo para la seguridad regional” y son uno de los “factores principales que determinarán el futuro latinoamericano”.

Tomando como ejemplo las luchas indígenas de Chiapas, Ecuador, Bolivia, Chile y el sur de Argentina, se dice que “en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas… Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización… que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo”.

A la luz de esto no sorprende que el presidente de Perú se pregunte “si no habrá una internacional terrorista en América Latina”. Tampoco sorprende que actualmente centenares de líderes indígenas de Perú y de Chile hayan sido imputados al abrigo de leyes anti-terroristas promulgadas en éstos y otros países (por presión estadunidense) por defender sus territorios.

La estrategia queda entonces delineada: transformar los movimientos indígenas en la próxima generación de terroristas y, para enfrentarlos, seguir las recetas señaladas en el informe: tolerancia cero, refuerzos para gastos militares, estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos.

La responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas es lograr que esta estrategia fracase.

 

Publicado en Pagina 12, Argentina

 

Tomado de http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=10782&Itemid=48

Read Full Post »