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Archive for 1/07/10

Por Jean-Guy Allard
 
rcbaez_fara.JPGMientras multiplica sus operaciones de injerencia en cada país donde no logra imponerse, Estados Unidos mantiene en su propio territorio un complejo e implacable mecanismo de registro obligatorio de agentes de influencia extranjeros que, si fuera aplicado por otros países, reduciría a polvo las actividades abiertas o encubiertas de los servicios de inteligencia estadounidenses.

El Foreign Agents Registration Act (FARA) o Ley de Registro de Agentes Extranjeros obliga a toda persona actuando como agente al servicio de un país extranjero a identificarse ante el Departamento federal de Justicia además de declarar periódicamente sus ingresos y gastos en relación con esta actividad.

La falta de someterse a esta obligación conlleva una sentencia a 10 años de cárcel y multas de varios miles de dólares.

La definición de “agente extranjero”, según FARA, es muy extensa e incluye “a las personas relacionadas a gobiernos extranjeros, partidos de oposición, compañías estatales, oficinas de turismo, aerolíneas”, y mucho más según la percepción política de quién aplica la ley.

Según FARA, los términos “agente extranjero” designan a toda persona cuyas actividades son “directamente o indirectamente supervisadas, dirigidas, controladas, financiadas o subsidiadas por un gobierno o un partido político extranjero”.

Cuidado que el Tío Sam toma el tema en serio: la Unidad de Registro de FARA, radicada en Washington, pertenece nada menos que a la Sección de Contraespionaje de la División Nacional de Seguridad del Departamento de Justicia.

Puro producto de la Guerra Fría, la  Ley de Registro de Agentes Extranjeros obliga a los llamados “agentes” a rellenar planillas donde se le hace una larga lista de preguntas, cada una exigiendo una respuesta detallada acerca de cada ángulo de la colaboración del firmante con la designada “potencia extranjera”.

El cuestionario que se debe rellenar exige precisar, entre muchos otros elementos, si el firmante recibió “cualquier cosa que tenga valor, como compensación o por un desembolso o de otra forma”. O si el interesado ha difundió material informativo “incluyendo información oral, visual, grafica, escrita o ilustrativa incluso lo publicado por soporte publicitario, periódicos, conferencias, películas, o cualquier medio o herramienta [...] incluyendo a cartas o telegramas, comunicados de prensa, discursos, Internet…”.

El autor de la declaración debe indicar a quién se dirigió: “grupos cívicos, funcionarios del estado, legisladores, grupos educacionales, agencias del gobierno, grupos nacionales, periódicos, editores o otros”.

El “agente” inscrito, según la ley, debe proveer el Fiscal General con copias de todo material difundido. En caso de presentarse ante un comité del Congreso, debe exhibir su registro ante FARA. En cualquier momento, debe mantener su propio registro de todas sus actividades y permitir al Fiscal General inspeccionarlo.

Lo más gracioso es que el “agente extranjero” debe desembolsar, a cada una de sus visitas a los funcionarios de FARA, la cantidad de 305 dólares para cada una de sus declaraciones “voluntarias”.

La  Ley de Registro de Agentes Extranjeros está administrada por un grupo selecto de funcionarios desde una oficina de acceso restringido en un edificio vetusto de New York Avenue, en Washington, lejos de la vista del ciudadano común, aunque la ley se hizo, en 1938, bajo el pretexto de dar conocimiento al publico de quién actúa a nombre del “extranjero”.

FARA no es la única legislación norteamericana así dirigida a quien pudiera ser susceptible de causar daños al imperio.

La Ley de Declaración de Cabildeo actúa de la misma forma con los “lobbyistas” que, en Washington, se acercan a los políticos a favor de intereses particulares de naciones extranjeras en cambo de donaciones, invitaciones a viajar, cócteles o otras bondades prescritas por la peculiar democracia representativa de esta nación.

Extrañamente, otra ley llevando el número 50 U.S.C. § 851 exige el registro de “toda persona que tenga conocimiento o tiene instrucción o orientación de servicios de espionaje, contraespionaje o sabotaje [sic.] de un país extranjero o de un partido político”.

Por cierto, estas distintas leyes están aplicadas de manera complaciente a los amigos del imperio. Mientras a los países que no se arrodillan ante su poder, se les aplica con un absoluto rigor.

Entre las víctimas del sistema, en la última década, se encuentren los cinco cubanos condenados a sentencias totalmente injustificadas por haberse infiltrado en grupos terroristas cubano [norte] americanos de Miami.

Mientras tanto, los 200 000 funcionarios de las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos gastan anualmente más de 70 mil millones de dólares para espiar, complotar y sobornar en el mundo entero a través de los “agentes extranjeros” de la USAID, de la NED, del IRI y demás organizaciones que se dedican a la injerencia, la subversión y la desestabilización.

Cuando pocos países víctimas de este gigantesco aparato de hostigamiento poseen semejantes instrumentos legales capaces de contrarrestar, neutralizar y desmantelar a las innumerables operaciones desarrolladas en su territorio por la potencia imperial. 

Enviado por su autor

Imagen agregada: Comp. fotgr. RCBáez: FARA

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Redactado por Roberto Ramos-Perea, dramaturgo puertorriqueño.

(Con la activa colaboración, comentarios y apoyo de más de un centenar de ciudadanos puertorriqueños). 

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A las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010 (hora local de PR), grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia, hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio.

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Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.

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Un golpe de estado constitucional acaba de consolidarse en Puerto Rico.

 Tras un año de que el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP, partido que busca la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos), intentara y lograra exitosamente la toma de varias instituciones que sostienen el gobierno democrático de Puerto Rico, un ambiente de hostilidad seguido por temerarias acciones retadoras de la paz pública, han desembocado en acciones violentas y agresivas del actual gobierno, tanto contra los partidos de oposición, como del movimiento estudiantil organizado, los sindicatos, la prensa, así como de todos los sectores de la sociedad civil puertorriqueña.

 Esta toma del control constitucional procede de la Rama Legislativa bajo la autoridad del Senador Lcdo. Thomas Rivera Schatz, apoyada por el gobierno central bajo el mando del Secretario de la Gobernación, el Lcdo. Marcos Rodríguez Ema, con el obvio propósito de tener a su disposición y sin disputa, el control de todos los organismos rectores judiciales, universitarios, económicos y civiles. Ante este panorama, el actual Gobernador, Lcdo. Luis Fortuño, funciona sin voluntad, sin opinión y sin presencia ni responsabilidad pública.

 Con el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, el pretendido control de los medios de comunicación, entre muchos otros, se atenta contra la genuina participación del pueblo puertorriqueño en todos los procesos democráticos protegidos por su Carta de Derechos.

 Los incidentes comenzaron con el despido de más 20,000 empleados públicos con el pretexto de aliviar el gigantismo gubernamental y resolver el gravísimo déficit fiscal del país. Esta decisión ha provocado el caos económico, ha empeorado la prestación de servicios públicos y ha provocado la desesperanza en todas las familias puertorriqueñas. De la misma forma se instauró una grave persecución contra los institutos artísticos del país, estrangulando sus presupuestos y de esta manera evitar la propagación del arte como disidencia. Mientras el Gobierno favorecía con contratos de cantidades obscenas, a cientos de asesores, contratistas, y cabilderos asociados a su partido.

Continuaron los ataques con el nombramiento al Tribunal Supremo de cuatro Jueces afiliados y militantes al partido del poder logrando con ello la mayoría a favor del gobierno de todas las decisiones que por votación individual se hicieran en ese foro. Luego continuó con la eliminación y represión de la participación estudiantil en los procesos universitarios, la supresión de derechos de exención de matricula de atletas, artistas, entre otros, mientras obligó a los estudiantes de los 11 recintos universitarios del estado a declarar una Huelga que duró 60 días. Los estudiantes en Huelga lograron negociar a través de un tribunal de primera instancia, sin embargo, los referidos compromisos fueron invalidados por el Secretario de la Gobernación quien dijo que los acuerdos “no valen el papel en que están escritos”.

Este hecho precedió a la acción del gobierno central y del Senado de proponer un proyecto de Ley, aprobado en cuestión de horas, para aumentar cuatro miembros más a la Junta de Síndicos. Dichos miembros son incondicionales del partido en el poder. Los estudiantes universitarios de la universidad del estado, cuya vasta mayoría dependen de la beca de
estudios federal, se enfrentan a una cuota anual recurrente de $800 dólares.
Cuota que no pueden pagar y que se negarán a pagar obligados nuevamente a la consecuente Huelga. De esta manera, la administración central de la UPR arriesga la acreditación de la Universidad y podrá privatizar sus activos.

En esta misma dirección, el Gobierno de Puerto Rico venderá los terrenos donde se ubica la zona del llamado “Karso” del Noroeste, que recoge un tercio de los abastos de agua de todo el país, para entregarlo a manos privadas que construirán un expreso de peaje sobre la referida zona, rica ecológicamente.

Pasando por alto muchos otros acontecimientos, el Presupuesto del país fue aprobado, junto con innumerables leyes que favorecen la privatización, la descolegiación profesional, así como la repartición de fondos públicos a manos privadas sin tomar en cuenta las necesarias y obligadas vistas públicas de participación ciudadana, y apagando los micrófonos de las bancas del Partido de Oposición de manera despótica.

Los incidentes lograron un punto climático cuando esta pasada semana, el FBI (Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos) arresta por cargos de soborno, venta de influencias y otros a un senador del PNP, el senador Héctor Martínez, mano derecha del Senador Rivera Schatz. 

Una pugna pública salta a las noticias entre Rivera Schatz y este cuerpo federal castrense, en defensa de la supuesta inocencia del senador Martínez, quien ha sido asociado al narcotráfico y quien fuera grabado en medio de su acto de soborno. Como último de los muchos incidentes de violencia y temeridad del Presidente Senatorial, se censuró mediante la fuerza la entrada de los periodistas a las sesiones del Senado, privando al pueblo puertorriqueño de la discusión que se realizó sobre el presupuesto del país. Los incidentes llegaron a la violencia verbal y física entre senadores, y han elevado la indignación del país a un punto insostenible de ansiedad y rabia. 

El Lcdo. Thomas Rivera Schatz ha tomado virtual control del país con sus actitudes tiránicas y fascistas, y no se descarta que desde sus mismas gradas se inicien esta semana procesos de persecución y violencia contra otros sectores del país, apoyados por el Secretario de la Gobernación de Puerto Rico. 

Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia, hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.

Este control de facto del poder político en la Nación Puertorriqueña viola todos los más elementales principios de la democracia y del gobierno participativo, por lo que enteramos al mundo de la actual situación de violencia contenida que existe en nuestro pueblo y que está a punto de estallar contra estos dos políticos que han tomado por asalto el poder del país. Aún cuando en Puerto Rico no existen las condiciones para un levantamiento armado popular por la obvia desigualdad de las fuerzas en pugna, una revolución de afirmación cultural y estudiantil comienza a tomar las calles y a rescatar los espacios robados por los autores de este golpe.

 Exhortamos a todos los medios de comunicación del mundo a que den noticia de la actual situación de la Nación Puertorriqueña y solicitamos por ende su completa solidaridad.

Tomado de http://islamiacu.blogspot.com/2010/06/puerto-rico-explosiva-situacion.html

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